Author: Gabriela Artahona

La Justicia de San Juan aceptó el pedido de un hombre para impedir que su ex pareja aborte

La Sala III de la Cámara Civil de San Juan hizo lugar a una cautelar solicitada por un hombre para impedir que su ex pareja aborte, en el marco de una discusión judicial que no está contemplada en la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Se trata de una suerte de vacío jurídico, ya que hasta la fecha no existía ningún fallo que obligara a una persona a continuar con el proceso de gestación por pedido del padre del bebé, una situación que no fue tratada por la norma sancionada en diciembre del año pasado.

En el fallo, al que accedió Infobae, los magistrados señalaron “en primer término, que el apelante estando legalmente casado, le rige la presunción de paternidad”, por lo que consideraron que “corresponde analizar con detenimiento” si el sujeto en cuestión “está o no en condiciones de impedir” el aborto, “con el fin de resguardar sus derechos como tal”.

Al respecto, los jueces remarcaron que “en el matrimonio como institución de orden público (art.12 C. C. y Com) los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad y ambos deben prestarse asistencia mutua”, por lo que ”el sistema de toma de decisiones que hace a los aspectos más relevantes en la relación conyugal, necesita de forma imperativa de la confluencia de ambas voluntades”.

“Para este caso particular, entendemos que la falta de acuerdo o disenso sobre asuntos de trascendencia familiar gestada a partir de la concepción, no puede estar sometida a la voluntad potestativa de ninguno de los cónyuges, incluyendo, claro está, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”, sostuvo el tribunal.

Por esta razón, la Cámara resolvió “ordenar, como medida cautelar de no innovar”, a la ex pareja de este hombre que “se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta”.


Fuente: infobae

Reparación 0km

El fabricante de un auto y dos concesionarias pampeanas deberán entregarle un nuevo vehículo a una mujer, ante los desperfectos sufridos en el rodado original. También deberán indemnizarla por privación de uso y daño moral.


La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó que la firma Volkswagen Argentina S.A. y las concesionarias Sauma Car La Pampa S.A. y Espasa S.A. deberán entregarle a una mujer otro vehículo, ante los desperfectos sufridos en el rodado original.


Los jueces afirmaron que: “No se trata de una falla de pintura, de elementos accesorios, de carrocería, ni de otros de relativa importancia mecánica, sino de un desperfecto de suma gravedad para el que se abre y retoca el motor”, afirmaron los magistrados y añadieron: “(…) cuando se compra un vehículo 0 Km y se descompone a los pocos días de su adquisición, por más arreglo que se le efectúe jamás volverá a ser un automóvil nuevo”.


Las molestias (…) y las frustraciones ligadas a la compra de un bien de alto valor y las evidentes dificultades propias de no poder contar con ese bien mueble registrable para el normal desempeño de tareas laborales y familiares a los que alude la jueza a quo, indudablemente potencian el impacto anímico y la aflicción de la parte débil de la contratación consumerista”, concluyó el fallo.


Fuente: diario judicial.

Protocolo Nacional de Alerta Temprana de desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres formales (Resolución 5/2021)

La resolución incluye:

  1. Ayudar a las familias que incumplieron contratos de locación durante la pandemia del coronavirus. 
  2. Desarrollar un Registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente» potencialmente perjudicado. 
  3. Generar una base de datos con información personal de los locatarios; la composición del grupo familiar o conviviente, especificando personas en situación de vulnerabilidad; la inscripción del contrato en la AFIP y el plazo de vigencia del mismo, canon locativo, el monto y actualizaciones, y el pago de expensas, impuestos y/o servicios a cargo del inquilino. Tambien las características y condiciones edilicias del inmueble en cuestión; el ingreso, deudas y otros datos que contribuyan a la caracterización socio-económica de la persona o grupo locatario, y el estado en que se encuentran los procesos de desalojo e información de partes intervinientes
  4. Amplia 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen para saldar las deudas por «diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales». 
  5. Establece grupos que serán priorizados: las familias monomarentales y monoparentales; las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; las víctimas de violencia de género; los discapacitados, y quienes están en extrema pobreza y/o indigencia. 

Juez ordenó que un hombre indemnice a su ex por tareas domésticas

Un juez de Rosario condenó a un hombre a pagar a su expareja un resarcimiento por «el enriquecimiento sin causa» que obtuvo tras la ruptura de la relación, atendiendo al «valor económico» de las tareas del hogar realizadas por la mujer, que le permitieron a él incrementar su patrimonio, informaron este martes fuentes judiciales. 

El fallo del titular del Juzgado Civil y Comercial 14 de Rosario, Marcelo Quaglia, destacó que está fundado en «la perspectiva de género y en clave de Derechos Humanos». La sentencia de primera instancia, que fue apelada, señaló que la mujer cooperó en el crecimiento del patrimonio de su pareja «a través de la prestación de aportes económicos indirectos a partir de las tareas que desarrollaba en el hogar». 

Sostuvo además que gracias a ese trabajo en la casa, el hombre pudo cambiar su automóvil por uno más nuevo y mejorar la vivienda que había adquirido para ambos, bienes que están registrados a nombre del varón. 

«Cabe recordar que las tareas vinculadas a los denominados ‘quehaceres del hogar’, tienen un valor económico que debe ser reconocido de manera efectiva y palpable», valoró el juez en la sentencia. 

También sostuvo que «la perspectiva de género se evidencia como una herramienta esencial para eliminar desigualdades creadas a partir de condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas a partir del sexo biológico». 

El magistrado fijó un resarcimiento para la expareja en un 25% del valor del inmueble en el que convivieron y del automóvil. 

El fallo tuvo en cuenta, por un lado, el valor de las tareas domésticas realizadas por la mujer y los aportes realizados por un tío, de oficio albañil, en la vivienda que ambos compartieron. 

Al fijar el porcentaje del resarcimiento, el magistrado explicó que «no hay una fórmula matemática, sino que se trata, por un lado, de compensar la situación en que quedó el cónyuge desventajado, pero, a la vez, hay que ser cuidadoso para no imponer al otro cónyuge una carga excesivamente gravosa». 

Fuente: Télam/ Diario LM Neuquen 

Ley de alquileres: Registración de Contratos de Alquiler

Desde el 01/03/2021 rige la obligación de registrar los Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) ante AFIP, y en consecuencia  los propietarios o locadores de bienes inmuebles urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles deberán publicar sus contratos de alquiler. (resolución 4933/2021 AFIP) 

Los propietarios o locadores deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones pertinentes, aunque también pueden hacerlo sus intermediarios o inquilinos. 

La obligación de registración rige para los contratos celebrados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes. 

El inquilino que trabaje en relación de dependencia podrá deducir del impuesto a las ganancias que le retienen de su sueldo el importe del 40% del valor del alquiler, siempre que el contrato esté registrado en AFIP, sin necesidad de presentar la factura. 

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¡Fumar es perjudicial para la salud y se indemniza!

Un Juzgado Civil condenó a la tabacalera Nobleza Piccardo por los daños y perjuicios que sufrió un hombre que fumó desde los 13 años. Se le impuso 685 mil pesos en concepto de indemnización, más una multa de 2 millones. 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 47 a cargo del juez Fernando Cesari, condenó a la tabacalera Nobleza Piccardo por los daños y perjuicios que sufrió un fumador. Todo ello en los autos «B, H. A. C/ British American Tobacco Argentina Sociedad Anónima S/ Daños y Perjuicios» 

Se trata de una demanda impulsada por un hombre contra la tabacalera «Nobleza Piccardo», para obtener una indemnización por los efectos nocivos del hábito de fumar. El demandante, según consta en la causa, comenzó a fumar a los 13 años, mientras cursaba sus estudios secundarios. Al principio consumía pocos cigarrillos diarios, pero luego se volvió una adicción. Con tan sólo 46 años fue víctima de un súbito y múltiple infarto de miocardio. 

Sostuvo, entre otras cuestiones, que las publicidades de la época asociaban el consumo de cigarrillos a una «imagen moderna, agradable y saludable del género masculino», como así también como a la «vida al aire libre y el deporte», y que tampoco existía conciencia colectiva o advertencias de las empresas sobre las consecuencias en la salud.  

Tras analizar los dictámenes e informes incorporados a la causa, el juez Cesari determinó que la «utilización del producto elaborado por la empresa demandada terminó resultando un importante factor de riesgo en la dolencia cardíaca» padecida por el demandante. 

El fallo impuso una condena que asciende a 685 mil pesos en concepto de indemnización de daños y perjuicios y más de 2 millones de pesos en concepto de multa prevista por el artículo 52 bis de la ley 24.420, con más sus intereses. 

Fuente: diario judicial. 

Enfermero las 24 horas

Una obra social deberá cubrir un enfermero permanente para que asista a un pequeño niño, que se encuentra internado en terapia intensiva neonatal desde su nacimiento. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Salta en un amparo impulsado por los padres del menor. 

La Cámara Federal de Salta rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Obra Social de Petroleros (OSPE) contra la decisión que ordenó la cobertura de un acompañante terapéutico y/o enfermero a favor de un bebé de cinco meses, que se encuentra internado en terapia intensiva neonatal desde su nacimiento. 

Según consta en la causa, el juez primera instancia ordenó a la obra social que en forma inmediata y perentoria autorice la cobertura de un acompañante terapéutico y/o enfermero a favor del menor, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, de acuerdo a lo prescripto por la médica tratante. 

Para así decidir, el magistrado entendió que se configuraron los presupuestos básicos para su procedencia a la vez que se acreditó que el hijo de la actora padece una enfermedad que requiere tratamiento urgente., y sostuvo: «Se vislumbra la urgencia del caso en relación a la afectación de la integridad física frente a la patología que aqueja al niño y la impotencia de no poder mejorar su calidad de vida, o bien de suspenderla sólo por motivos de índole económica». 

El caso llegó a la Cámara Federal de Salta, donde los jueces Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas. Santiago French y Alejandro Augusto Castellanos resaltaron las características y gravedad de la patología que afecta al niño y los cuidados que requiere. «A pesar de que el menor se encuentra en una unidad de terapia intensiva conectado a la aparatología necesaria al caso, requiere además de una persona que coadyuve las 24 horas del día en razón de la particularidad de su afección, antes detallada», indicó el fallo. 

Y concluyeron que la denegatoria de la medida cautelar «podría ocasionar un perjuicio al hijo de los amparistas que se tornaría irreparable, o al menos de difícil solución ulterior». 

FUENTE: DIARIO JUDICIAL 

Débito y Multa

Una entidad bancaria de Río Negro fue multada por no dar de baja un débito automático solicitado por un cliente que había solicitado un préstamo. 

El Juzgado de Paz de Cipolletti, provincia de Río Negro, multó con $5.000 al banco Macro por no dar de baja un débito automático solicitado por el demandante, que había solicitado un préstamo a otra entidad financiera aunque las cuotas se debitaban de su cuenta sueldo en la entidad. 

El cliente detalló que los primeros meses le debitaron el monto correctamente pero luego los descuentos comenzaron a realizarse de manera parcial e irregular, motivo por el cuál se presentó en la sucursal del Banco Macro de Cipolletti y solicitó hacer uso de la opción conocida como «stop debit». Con posterioridad a ese pedido, el cliente continuó advirtiendo descuentos en su cuenta sueldo, lo que motivó la acción judicial. 

El fallo aplicó la multa en concepto de daño punitivo, ya que «los consumidores tienen derecho a una atención rápida y eficaz que conduzca a la información solicitada respecto de los débitos efectuados en su caja de ahorros, y en su caso, a la posibilidad de pedir el cese de los descuentos y la devolución de las sumas descontadas; solución que no le fue brindada pese a solicitar personalmente en la sucursal bancaria la baja de los débitos mencionados». 

En ese sentido, se detalló que el cliente tiene derecho a que se le provea información «adecuada y veraz» y que «el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con el bien o servicio de que se trate», situación que no ocurrió. 

El hecho fue enmarcado como un proceso de menor cuantía, modalidad que permite a los ciudadanos resolver reclamos de hasta $50.000 de una manera más rápida, sencilla y en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz. 

El procedimiento es gratuito para garantizar el acceso a la justicia. Además, es informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración. 

Fuente: diario judicial 

A cumplir la oferta inmobiliaria

Un juez platense ordenó a una inmobiliaria y a una firma a entregar a una mujer un monoambiente que debía ser otorgado hace más de cinco años. Deberán resarcir a la actora por los gastos de alquileres, pagar la escrituración e indemnizarla por daño moral. 

En la causa «P, C. M c/ M, R. J. y otro s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS», el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 de La Plata hizo lugar a la demanda de cumplimiento contractual y daños y perjuicios promovida por C.M.P. contra ALTINIUM S.A., R.J.M. e INMOBILIARIA MORAGUES, condenando a los demandados a que dentro del plazo de 10 días hagan entrega del departamento comprado. 

En caso de resultar imposible su cumplimiento dentro del mismo plazo deberán entregar en forma alternativa un departamento de similares características de superficie, calidad y ubicación del inmueble a sastisfacción del comprador (P.), o de la suma en pesos o dólares estadounidenses necesarias para adquirir un departamento monoambiente de similares características de superficie, calidad y ubicación a satisfacción del comprador (P.). 

El juez también le dedicó líneas en lectura fácil a la demandante, remarcando «la responsabilidad del incumplimiento de entregar el departamento que compro a la empresa Altinium SA, Moragues Inmobiliaria y R.J.M., quienes son los que participaron en la operación de la venta como sus promotores y vendedores del departamento que debían construir y entregarle». 

«También se los hace responsables de los daños derivados de los alquileres que usted debe seguir pagando como consecuencia de no disponer del departamento que compro, y lo que he entendido como el daño moral por el incumplimiento» concluyó Atela. 

FUENTE: DIARIO JUDICIAL 

Botón de arrepentimiento obligatorio para compras online

La Secretaría de Comercio Interior dispuso que las empresas que comercialicen bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web deberán contar en la misma con un «botón de arrepentimiento». Se trata de un instrumento por el cual los consumidores, al arrepentirse de sus compras o contrataciones, pueden tramitar la devolución de los productos o cancelar los servicios adquiridos.  

Los consumidores tendrán un plazo de 10 días para manifestar su arrepentimiento desde la compra o recepción del bien. En el caso que  se haya realizado en el comercio, se puede devolver el producto en el local y el comerciante debe reintegrar el dinero. Si la adquisición del bien o servicio es telefónica o mediante Internet los consumidores  deberán poder hacerlo sin condicionamientos ni gastos a su cargo. Y si ya fue recibido en el domicilio, el proveedor debe retirarlo del mismo modo.